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| Foto: Anred. |
Jonatan Baldiviezo nos explica de qué manera el
Observatorio del Derecho a la Ciudad encara la defensa del ambiente urbano, y
nos habla del estado de situación de las obras en el parque Rivadavia.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad es una
organización social independiente de carácter interdisciplinario conformada por
estudiantes, profesionales y activistas en general involucrados en las
problemáticas urbanas. Para conocer un poco más acerca de sus actividades hablamos
con Jonatan Emanuel Baldiviezo, quien cree junto a sus compañeros que las
ciudades deben construirse y reproducirse bajo el paradigma del “Derecho a la
Ciudad”.
-¿Qué los motivó para crear el
Observatorio?
-El Observatorio surgió a mediados de 2014 cuando nos
vimos en la necesidad de crear un espacio en la ciudad que aglutine a
profesionales y militantes de distintas organizaciones. Hacemos un seguimiento
continuo de las políticas urbanas en Buenos Aires, y funcionamos en red.
-¿Qué entienden por “Derecho a la
Ciudad”?
-El Derecho a la Ciudad tiene unos cuantos principios
de los cuales se desprenden nuevos derechos urbanos. Uno de esos ejes es la
democracia participativa, que tiene que ver con cómo recuperamos la discusión
política, que la hemos delegado a la clase política. Se trata entonces de
desconcentrar el poder en cada una de sus dimensiones. El otro de los ejes es
la democratización de la ciudad, entendida como igualdad del peso de la
voluntad de cada ciudadano en la toma de decisiones. Y luego un tercer eje que
tiene que ver con la desmercantilización. El acceso a los derechos no puede
estar mediado por la capacidad económica de cada familia. Por eso tomamos, por ejemplo,
la lucha contra los Tarifazos: no podemos convalidar que la mayoría de la
población no acceda a los servicios públicos porque se esté quedando sin
capacidad económica. Partimos entonces de que las cuestiones ambientales
urbanas abarcan todo.
-¿Qué tipo de actividades realizan?
-Nosotros dividimos las formas de actuación de las
temáticas. Por una parte acompañamos a las asambleas de la ciudad brindándoles
asesoramiento, capacitación, e información. Tenemos una pata en eso y, desde luego,
en ver qué hacemos con respecto a la institucionalidad. Y ahí sí entramos en lo
que es la elaboración de proyectos de leyes, tenemos una impronta de
judicializar bastante. Por más que tenga sus limitaciones también la vía
judicial, creemos que hay que agotar todas las instancias posibles: la
administrativa, la judicial y la legislativa.
-¿Qué análisis hacen de las obras
en el parque?
-Vimos que la fortaleza política del barrio no había
alcanzado para detener la apertura de la calle. Por eso acudimos a la acción
judicial. Lo que planteamos allí fue que si bien el nuevo Código Urbanístico tomaba
una ordenanza sancionada hace mucho tiempo, eso iba totalmente en contra del Plan
Urbano Ambiental y la Constitución de la Ciudad. Porque la ley que autorizaba
la apertura de la calle es de jerarquía menor a las mencionadas. Y ambas dicen
que los espacios verdes deben incrementarse, y si por alguna obra tuvieran que retroceder,
se debe compensar. Un caso testigo de esto fue la construcción del Metrobus de
la 9 de Julio. En el caso del parque está idea no está presente. En segundo
lugar, el Plan Urbano Ambiental dice que se debe mantener la integridad de los parques:
no se los puede ni tocar. Además hay un principio en cuestiones ambientales que
es el de progresividad: una vez que le vas reconociendo derechos a la
ciudadanía no se puede retroceder. Y en los noventa habían salido varias
ordenanzas donde se prohibía el cambio de destino de los espacios verdes. Y eso
fue incluso después de la ordenanza que establecía la apertura de la calle
Beauchef, y que en el nuevo código se prefirió ignorar.
Por su parte, el gobierno respondió que no iban a
hacer la apertura de la calle Beauchef, sino una puesta en valor de ese sector
del parque, al que llamaron “Paseo Beauchef”. Sin embargo, en un reconocimiento
judicial se certifica que el cartel de la obra no habla de “Paseo Beauchef”
sino de “Pasaje Beauchef”. Y un pasaje es una vía pública, una calle chiquita
en la que pueden pasar autos. Ellos dicen que la Legislatura habilitó un cambio
de traza, pero que no lo van a hacer porque para eso tendrían que demoler una
parte de la escuela. La obra sería una puesta en valor del pasaje, para ellos
existente. Nosotros le presentamos la plancheta al juez, la cual mostraba que
todo ese sector era espacio verde: el pasaje no existe. Por eso planteamos
ahora que se está ejecutando una obra que no está autorizada.
El 13 de marzo el juez dijo que no otorgó la cautelar
porque la obra estaba avanzada, y porque los feriantes estaban esperando volver
a su lugar. Tomó también en consideración que el gobierno se había comprometido
a que no pasaran vehículos hasta que se solucionara la cuestión de fondo.
Paralelamente nos queda saber si prospera un proyecto
de ley para declarar al parque Rivadavia como “patrimonio cultural de la
ciudad”. Varios legisladores ya manifestaron su apoyo, y esperamos preservarlo
con esta iniciativa.
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