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| Juan Santiago Santos e Israel Alegre, en pie de lucha (Foto: E.J.T.). |
Israel
Alegre y Juan Santos, representantes de los Pueblos Originarios que acampan en
9 de Julio y Av. de Mayo, denuncian la situación precaria a la que se ven
sometidos.
En 9 de Julio y Av. de Mayo, a metros de la sede del gobierno nacional,
existe un acampe que reúne a varios dirigentes de los Pueblos originarios de la
provincia de Formosa, nucleados en Qopiwini. Esta organización es el resultado
de la unión de las cuatro comunidades formoseñas: Qom, pilagá, wichi y nivaclé.
Y desde el 4 de marzo participa de este acampe, que exige que se detenga la
persecución de la cual son víctima, se reconozcan sus derechos de
autodeterminación, y se les devuelvan sus territorios. Bajo la escasa sombra
que brindaba al acampe el Monumento a Don Quijote de la Mancha, paradojas que
ocurren en nuestra ciudad, hablamos con Israel Alegre de la Comunidad Nam- Qóm
de Formosa y con Juan Santiago Santos, Cacique de la Comunidad India Quilmes de
Tucumán, quien se acercó a brindar apoyo a sus hermanos.
- ¿Cuáles son sus reclamos fundamentales?
- Estuvimos analizando nuestros derechos, amparados a nivel provincial
y nacional, según lo establecido por la Constitución argentina y los tratados
internacionales. Y vemos que si bien la normativa está en vigencia, no se
cumple. Es el caso del art. 75, inciso 17 de la
Constitución, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Y siendo nosotros preexistentes, el daño que
hicieron es irreparable. ¿Cómo quedó la memoria colectiva de nuestro pueblo? Exigimos
entonces al Estado que haga una reparación histórica. Pero desde la sanción de
la Constitución del ´94, la gobernación de Formosa no ha permitido la
autodeterminación de nuestros pueblos, tirándole el tema al Congreso de la Nación.
Y en estos veintiún años, el Congreso nunca reglamentó este artículo, ni
siquiera creó una comisión bicameral para tal fin. Nosotros queremos ser parte
de la legislación en torno a nuestros derechos. (IA)
- Los
Quilmes estamos dándoles nuestro apoyo al reclamo de estos hermanos, que no
es más ni menos que pedir que no se viole la Constitución. No se hizo nada por
reglamentar el artículo 75 incisos 17 y 22, por eso estamos en una situación
igual o peor que en el ´94. Porque nuestros derechos son desconocidos, y el
Estado está ejerciendo un control sobre los pueblos originarios.
Fundamentalmente a través de órganos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que surge de la Ley 23.302/89, que
es anticonstitucional y obsoleta. Esa ley habla de política indígena y de apoyo
a las comunidades aborígenes. Pero esas políticas son asistencialistas, e hipócritas.
Porque nosotros como pueblos originarios no reclamamos políticas, sino que
reclamamos que se reconozcan nuestros derechos. Y hablan de comunidades,
mientras que nosotros reclamamos el derecho sobre nuestros territorios. (JSS)
- ¿Cómo se destrabaría el conflicto?
- No soy profesional del Derecho pero entiendo
que la Constitución es coercible, es decir que se puede aplicar a la fuerza. Y es
el Poder Ejecutivo el que tiene todo el poder, aunque lo utilice para defender
los intereses de las grandes multinacionales y terratenientes. Porque si bien
nuestro reclamo va dirigido a los tres poderes del Estado, vemos que no hay
independencia de poderes. Hay que tener en cuenta que tampoco se cumple la Ley
24.071/92, mediante la cual se aprobó el Convenio 169/89 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas
que la actual presidenta firmó el 13 de septiembre de 2007. Y que la Ley
23.302/89 se contradice con el art. 75
inciso 17 de la Constitución y con los tratados internacionales que el Estado
nacional firmó. (IA)
- Necesitamos con urgencia la reglamentación del artículo 75,
para que seamos las comunidades quienes elijamos a nuestros representantes ante
el INAI, y no el Poder Ejecutivo. En marzo de 2014, fuimos
apresados durante más de un mes en Monteros por defender nuestra ciudad sagrada.
¿Y quienes perpetraron este atropello? El Ente Tucumán Turismo y el INAI. O sea
que hoy nuestros supuestos representantes son quienes nos juegan en contra.
(JSS)
- ¿Es compatible su reclamo con la lógica de cualquier estado nacional
moderno?
- Desde su origen el
Estado argentino nos fue hostil. De hecho, y para no explayarme en el tema, en
el artículo 67 inciso 15 de la Constitución de 1853 se habla cínicamente de “conservar el trato pacífico con los indios
y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Pero hoy esa pregunta que
me hacés se la tiene que hacer a sí mismo el propio Estado porque en 1994, y
luego de 184 años, reconoció nuestra preexistencia. Es decir que son ellos
quienes tienen que adecuarse a nuestra existencia anterior en estos
territorios. Pero lo que se llevó adelante estos veintiún años fue un genocidio
sistemático, un etnocidio cultural hacia nuestros pueblos. Reclamamos que esto
se detenga, y que se efectivice la reparación histórica que, aunque fuese
mínima, le permitiría acceder a nuestra juventud a una educación bilingüe e
intercultural. (IA)
- La
transmisión de nuestros conocimientos está condicionada a la esencia de nuestra
lucha, que es la recuperación de nuestro territorio. Logrado eso vamos a poder
preparar a nuestra juventud de acuerdo a nuestra cosmovisión e identidad. (JSS)
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