El Derecho a la Ciudad implica el usufructo equitativo de
los espacios urbanos dentro de los principios de justicia ambiental y social.
Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en
especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere
legitimidad de acción y de organización con el objetivo de alcanzar el pleno
ejercicio del derecho a la autodeterminación y un nivel adecuado de vida.
El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque centrado
en la vivienda y el barrio, abarcando también la calidad de vida de las
personas y de los bienes comunes de la ciudad y su entorno. Todas las
personas que la habiten de forma permanente o transitoria, tienen derecho a una
ciudad sin discriminaciones de ningún tipo, así como a preservar la
memoria y la identidad cultural.
La ciudad de Buenos Aires ha sido saqueada y convertida en otra por el
mercado inmobiliario, que la planifica y construye como mercancía para ser
vendida. Los gobiernos de turno, ausentes o cómplices, dejaron de pensar a la
ciudad como espacio comunitario, y hoy estamos pagando las consecuencias de
este proceso con la proliferación de inmuebles ociosos y la pérdida de espacios
públicos y verdes, la pérdida de la identidad barrial y del patrimonio arquitectónico,
la expulsión de los inquilinos por los altos alquileres, la desinversión y el
abandono de barrios que al mercado inmobiliario no le interesan, el permanente
incremento de la población de villas y asentamientos, y el fomento e incremento
de la utilización del automóvil, que provoca el colapso del tránsito de la
ciudad en horas pico y la desinversión en materia de transporte público, sumado
al exceso de contaminación y aumento de tasas de accidentes fatales.
Los intereses del capital han usurpado progresivamente la ciudad,
relegando así los derechos de sus habitantes. Sin ir más lejos, la Legislatura
porteña se propone sancionar por estos días una serie de leyes que incluye la
entrega de tierras públicas y espacio verdes para grandes negociados de
especulación inmobiliaria, desplazando a las poblaciones de menores recursos, y
favoreciendo exclusivamente a la empresa terrateniente IRSA. Dichas iniciativas
se formulan desde una concepción expulsiva, privatista y excluyente de la
planificación urbana, que busca elevar el valor de las tierras, estimula
grandes inversiones inmobiliarias invocando un supuesto progreso, y pone al
Estado y sus recursos al servicio de las grandes corporaciones.
Quienes formamos parte del Espacio “Chico Mendes”, apostamos a que
juntos podamos revertir aquellos efectos negativos que mencionamos antes, y
lograr así que las personas puedan apropiarse y sentirse parte de su ciudad.
ESPACIO “CHICO MENDES”
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